Argentina gana un respiro en el juicio por YPF: la Corte de Apelaciones de EEUU suspende la entrega de acciones

En un fallo clave, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió hoy suspender la orden que obligaba a Argentina a entregar las acciones de YPF en manos del Estado (51%) mientras se tramita la apelación del caso. Esta medida, celebrada por el gobierno argentino, evita que los títulos de la petrolera sean transferidos a Burford Capital, el fondo inglés que reclama una indemnización de USD 18.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. Además, el tribunal aceptó que el gobierno de Estados Unidos participe como “amicus curiae” en apoyo al país.

Desde el Ministerio de Economía, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, expresó su satisfacción en X: “El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido: aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como ‘amigo de la corte’”. La decisión representa un alivio temporal para Argentina en un litigio que lleva más de una década.

El caso tiene su origen en la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. En 2023, la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar una suma multimillonaria, que con intereses ya asciende a USD 18.000 millones. Burford Capital, especializado en financiar juicios de este tipo a cambio de futuras ganancias, es el principal beneficiario de esta sentencia. Argentina apeló tanto la condena como la orden de entregar las acciones de YPF, logrando ahora un “stay” que frena esta última medida.

Entre los argumentos presentados por Argentina para evitar la entrega de las acciones, el país señaló que la orden viola el principio de cortesía internacional (“comity”) y la inmunidad soberana, un punto respaldado también por Estados Unidos. Además, destacó que las acciones están depositadas en la Caja de Valores en Argentina, no en EE.UU., y que no guardan relación con la actividad comercial de YPF que sustenta la demanda de Burford. “Las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, en X.

Los abogados argentinos, liderados por la Procuración del Tesoro de la Nación bajo Santiago Castro Videla, también argumentaron que no existe riesgo de que los activos se “disipen”. “Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de ‘disipación’ de los activos”, sostuvieron.

El juicio, sin embargo, no termina aquí. El 25 de septiembre está prevista la presentación de argumentos escritos para la apelación formal de la orden de entrega de acciones. Posteriormente, en la semana del 27 de octubre, tras las elecciones legislativas, se realizará la primera audiencia para abordar la apelación de fondo del fallo de Preska, que obliga a Argentina a pagar la indemnización. Se espera que la Corte de Apelaciones emita una decisión definitiva a principios de 2026 sobre la validez de la condena.

En paralelo, Burford Capital impulsa otras estrategias legales, como el intento de demostrar que YPF y el Estado argentino son una misma entidad (“alter ego”). Este argumento busca que las acciones de la petrolera, e incluso activos de otras empresas estatales o las reservas en oro del Banco Central enviadas al exterior, puedan ser embargadas para saldar la deuda. Aunque probar esta teoría es complejo, Burford ha solicitado comunicaciones, incluidos mensajes de WhatsApp, de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa. La jueza Preska ordenó a Argentina entregar esta información, y el país aseguró que cuenta con los datos requeridos.

Por otro lado, Burford ha intentado sin éxito negociar un acuerdo con Argentina a lo largo de los años. Mientras el litigio avanza, este fallo de la Corte de Apelaciones otorga al país un margen de maniobra crucial en una disputa que combina aspectos legales, políticos y económicos de gran envergadura.